Participemos del “ruidazo” contra los aumentos e impulsemos el paro activo nacional en defensa del salario.
El aumento en la tarifa del gas
del 40% en abril –justo antes del invierno– se suma a la seguidilla de
tarifazos que viene produciéndose desde comienzos de año. La luz aumentó
un 28% en enero, mientras que el transporte va a acumular una suba de
hasta el 70% hasta el mes de agosto.
Este golpe al bolsillo y al salario se suma al de la
carestía general, encabezada por los alimentos. Como consecuencia de
ello, en tres meses el costo de vida ha subido un 7%, la mitad de la
mentirosa “meta de inflación” del 15% anunciada a comienzos de año.
El gobierno, que se declara “preocupado” por la
inflación, es el responsable directo de esta escalada. Ha asegurado que
se le pague a los monopolios petroleros un precio del gas que triplica a
su valor internacional, para asegurarles beneficios extraordinarios.
Es el mismo gobierno que resolvió que las tarifas de los
combustibles se coticen a valor dólar, y que el valor de las naftas siga
al precio internacional del petróleo. Ello, a pesar que el trabajo de
extraer y producir combustibles se paga en pesos.
Como consecuencia de toda esta confiscación, los
trabajadores argentinos están destinando uno de cada cinco pesos de sus
ingresos al pago de servicios públicos.
Han armado una gran confiscación de los trabajadores y
consumidores en beneficio de un puñado de pulpos petroleros, de
monopolios del transporte o concesionarios del peaje. A pesar de esa
enorme transferencia de riqueza social, la producción petrolera ha
caído, y la de gas, en la mayoría de sus cuencas, también. Lo mismo
puede decirse de las distribuidoras de energía, que siguen asolando a la
población con cortes de luz.
Los gobernadores provinciales de todos los signos han
seguido esta línea de tarifazos, a la que se asocian con los impuestos
provinciales confiscatorios que le imponen a las boletas de servicios
públicos.
El repudio al tarifazo ha “despertado” a algunos aliados
del gobierno –como Carrió o los radicales– que intentan despegarse de
este mazazo. Piden que se revisen las boletas “mal calculadas”. Pero se
cuidan muy bien de cuestionar el corazón de este régimen expoliador, que
debutó con aumentos del 400 y 500% en 2016 y luego dolarizó las
tarifas. Lo mismo puede decirse del kirchnerismo, que plantea retrotraer
los tarifazos “al 2017”, o sea, dejando pasar los grandes aumentos
anteriores.
El Partido Obrero plantea: los tarifazos deben
retrotraerse integralmente. Hay que abrir los costos y libros de las
privatizadas y contratistas a la consideración popular, para que se
conozcan sus verdaderos números y el gran desfalco contra el pueblo. El
reconocimiento de ese saqueo debe dar lugar a la nacionalización
integral de estos servicios, bajo control de sus trabajadores.
Las centrales obreras, al igual que lo hacen con el
salario o los despidos, miran para otro lado en la cuestión del
tarifazo. Es necesario integrar este reclamo al de toda la agenda de la
clase trabajadora –paritarias sin techo, basta de despidos– en la lucha
por un Congreso de bases de todos los sindicatos, para resolver un plan
de lucha hasta derrotar la escalada oficial contra el salario, la
carestía infernal y por el derecho al trabajo.
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